Durante la realización de CoRe Foro Urbano 2018, los participantes de la mesa titulada La vivienda asequible en la Ciudad de México propusieron al próximo gobierno de la ciudad: mejorar las normas y el trabajo social para ayudar a las personas a obtener vivienda digna que no la expulse de la ciudad; revisar la normativa para desarrollar vivienda más amplia y robusta; atender a las personas con menos recursos; e incentivar la producción de vivienda y no para frenarla.
Alejandra Rangel, representante de la organización Ciudad Creativa Digital, señaló al respecto que las ciudades no deben formarse con base en ideologías, sino en sustentos científicos. Rangel sostuvo que cada ciudad es única y no puede usarse una fórmula o receta para atender a sus problemáticas. Puntualizó que la sobrerregulación en el desarrollo de vivienda genera escasez y, por ende, aumento en los costos. Además, subrayó la importancia de las asociaciones público-privadas para invertir en infraestructura urbana para hacer viable un mayor número de desarrollos inmobiliarios que atiendan el problema del crecimiento acelerado de las ciudades.
José Antonio Revah, Jefe de Oficina de Sismos del INAH, comentó que, dentro de las Normas Generales de Ordenación actuales de la Ciudad de México, la norma 11, la 3, 4 y 7 contribuyen a restringir el desarrollo inmobiliario y también modelan la forma en que se desarrolla la ciudad. Esta normatividad, comentó Revah, está afectando sensiblemente a la ciudad y genera mayor rezago de vivienda digna y especialmente popular. Los polígonos de actuación como se proponen en CoRe pueden generar un urbanismo diferente, al permitir desarrollos verticales con mayor número de viviendas, lo que genera que la ciudad tenga mayor abasto.
Enrique Costemalle, representante GAP Metropolitana, señaló que después de la aprobación de los planes y programas de desarrollo urbano, se expulsó a más de un millón de habitantes hacia las periferias y municipios de otros estados. La oferta de vivienda comienza a bajar de manera constante previo al 2004, pero el parteaguas se da a partir de la norma 11, cuando la demanda se incrementa constantemente y la Ciudad de México entra a un déficit de vivienda.
Para Jaime Rello, dirigente de Movimiento Urbano Popular, indicó que debemos preguntarnos si deseamos vivienda asequible para la población o para el mercado. Señaló que 100 mil habitantes se expulsan anualmente de la ciudad, “se trata de la gente más pobre que es expulsada de sus barrios de toda la vida a través de un proceso de gentrificación”, señaló. Por una lógica de mercado, se ha abandonado el enfoque hacia las personas y la gente que menos recursos tiene en materia de vivienda. No se debe confundir los términos entre vivienda social y popular con la producción social de vivienda. El dirigente de Movimiento Urbano Popular, señaló que la vivienda más barata es la que la misma gente desarrolla, sin embargo, el problema es que se carece de los recursos suficientes para edificar de forma más rápida. La importancia de este debate, señaló Jaime Rello, es que se discuta el interés colectivo y el interés del capital privado, para orientar acciones que determinen una verdadera vivienda asequible.
La intervención de Jorge Montejano se enfocó en la importancia que tienen los mercados en el aumento del poder adquisitivo de viviendas. En el contexto del nuevo gobierno, es necesario que se trabaje en una nueva regulación del territorio, pues se necesita planear a largo plazo el desarrollo de la vivienda. Los desarrolladores no pueden ni deben edificar bajo su libre albedrío, por lo que se requiere una normatividad que, aunque pueda frenar el desarrollo de vivienda en algunas zonas, se debe contemplar como principio de mayor importancia la seguridad y viabilidad del suelo.
Montejano comentó que, para afrontar este problema de precios y especulación en el suelo, se necesita implementar un principio de descentralización en zonas consolidadas; redensificar con planeación; notarías públicas y no privadas (ya que no deberían de cobrar por la escrituración de las propiedades). Finalizó con la propuesta de modificar la ley de sociedades mercantiles, que obliguen a las empresas a tener una verdadera responsabilidad social.
Las dos visiones encontradas entre los participantes de las mesas fue la distinción entre la importancia del mercado de la vivienda, su valor y su uso, y por el otro lado, la necesidad de contar con una visión social en el desarrollo inmobiliario que atienda a las demandas de la población menos favorecida económicamente.